La Iglesia Católica Argentina... ¿cómo se sostiene?

Si los bienes de la Iglesia Católica argentina figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. Y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la Conferencia Episcopal encabezaría la lista de contribuyentes. La estimación es válida, a pesar de que los numerosos organismos y entidades católicos conforman una intrincada red de propietarios que dificulta una valuación precisa.

En Argentina actúan 5.307 sacerdotes y 10.964 religiosas distribuidos en 5.493 parroquias, iglesias, capillas y santuarios, según informa la Guía Eclesiástica de AICA, edición vigente en marzo de 1990. Esos hombres y mujeres son los que se encargan de administrar los recursos de la Iglesia, de cuidar sus obras de arte y de mantener miles de inmuebles diseminados por todo el país.

Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica cada obispado constituye una unidad autónoma y autárquica. Como verdaderos señores del medioevo, los obispos titulares de las 44 diócesis argentinas gozan de una amplia independencia, incluso respecto a la Santa Sede. También el Papa es uno de ellos, obispo de Roma, aunque "primus ínter pares" en cuestiones de doctrina. Los 44 obispos son los administradores de los bienes eclesiásticos de sus respectivas diócesis. Algunas muy ricas, como las de Buenos Aires y Córdoba. 

El capital de las órdenes religiosas, que se ha multiplicado desde la época de la colonia, está excluido de esa autoridad episcopal. Actualmente, cu Argentina desarrollan actividades 187 congregaciones religiosas, 59 de varones y 120 de mujeres. El poderío económico de algunas de ellas, como la salesiana, supera al de muchas diócesis. En todos los casos, el mayor ingreso deriva de la enseñanza. 

Aunque no aparece formalmente como congregación religiosa, sino como Prelatura, el Opus Dei es la organización católica que más ha crecido en el país en los últimos veinte años. Dirigido al sector socioeconómico más elevado, el discurso de "la obra" conquistó simultáneamente adhesiones y donaciones. Más de cincuenta propiedades, muchas de ellas suntuosas, reflejan el éxito, no exclusivamente religioso, de la propuesta.

Desde la promulgación de la ley Domingorena, en 1958, la Iglesia Católica ha establecido nueve universidades. Dos en la Capital (Universidad Católica Argentina y Universidad del Salvador), y en Córdoba, San Juan, La Plata, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La paulatina apertura de nuevas facultades significó un correlativo crecimiento de edificios propios. 

Pero si los inmuebles universitarios fueron adquiridos con el producto de la actividad educativa, otras propiedades eclesiásticas tienen origen en donaciones efectuadas por los gobiernos de las últimas décadas. La actual sede de la Conferencia Episcopal, en Suipacha 1032, fue cedida por la llamada Revolución Libertadora al Arzobispado de Buenos Aires para que estableciera la administración de la curia metropolitana. El edificio de la calle Rivadavia había sido incendiado durante el conflicto entre Perón y la Iglesia. Cuando hace algunos años la curia se reinstaló en el antiguo predio, convertido en moderno complejo de oficinas, la mansión de Suipacha 1032 no fue devuelta al Estado.

Riqueza y expropiación

La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento de la fortuna eclesiástica derivó de donaciones y herencias. Hacia 1780, la Iglesia Católica era propietaria del 65% de las tierras de los virreinatos del Perú y Río de la Plata.

Esos bienes provocaron pocas objeciones en una sociedad de sólidas costumbres religiosas. "Para Dios todo es poco", se consolidó como un argumento inapelable. Esta concepción perduró en el tiempo, especialmente dentro del propio clero. En la Pastoral Colectiva del Episcopado, de 1902, el arzobispo de Buenos Aires afirmaba: "En las sociedades bien ordenadas, el lujo es un signo natural de jerarquía social. Contenido en sus razonables límites completa el orden en vez destruirlo. La Iglesia le da una consagración religiosa, haciendo de sus templos espléndidos y de sus radiantes santuarios un reflejo de la belleza de los cielos".

Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió numerosos inmuebles de la Iglesia "no necesarios para el culto”. Los sucesivos decretos no se limitaron sólo a los bienes, también reglamentaron distintos aspectos de la actividad religiosa, dentro de un proyecto conocido como Reforma Eclesiástica. La iniciativa de Rivadavia conquistó partidarios dentro del propio clero, pero también una airada reacción de los obispos que derivó en la ruptura de relaciones con la Santa Sede. 

La actitud del episcopado de la época no debe sorprender, si se tiene en cuenta la magnitud de los bienes que habían sido confiscados. En el perímetro de la ciudad de Buenos Aires, la decisión de Rivadavia alcanzó, entre otros, a los terrenos circundantes de las actuales Carlos Pellegrini y Corrientes, incluyendo el sitio en donde está emplazado el obelisco; a la manzana de la plaza Roberto Arlt, Esmeralda entre Rivadavia y. Mitre; a la manzana de la basílica de San Francisco, Alsina y Balcarce; a la manzana de la basílica de Santo Domingo, Belgrano y Defensa; a la manzana del Colegio Nacional Buenos Aires, Bolívar y Moreno. En la provincia de Buenos Aires fueron expropiadas las tierras que hoy conforman los partidos de Lujan, Merlo, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero. El constitucionalista Pedro Frías sostenía, todavía en 1986, que el financiamiento del culto constituía "una compensación por el patrimonio inmobiliario confiscado a la Iglesia por Rivadavia en 1822" (La Nación, 8 de octubre). 

El otro gran argumento histórico que se esgrime para defender la contribución estatal a la religión católica está próximo a cumplir cinco siglos. El Patronato fue una institución jurídico-eclesiástica, otorgada por los papas a los Reyes Católicos de España y heredada por sus sucesores. El pontífice confió a los monarcas españoles la fundación de diócesis, el nombramiento de obispos y el cobro de diezmos en el territorio de las Indias, a cambio de cristianizar y civilizar a los indígenas. El privilegio fue formalizado a través de distintas bulas: ínter Caetera, de 1493, y Eximia Devotionis, de 1501, de Alejandro VI, y Universalis Eclesiae, de 1508, de Julio II. Como contrapartida, el rey debía sustentar al clero y facilitar los viajes de los misioneros. Los privilegios del Patrono fueron transferidos a los gobiernos argentinos y también la obligación de sostener a los miembros de la Iglesia. La institución fue decayendo, hasta que Arturo Frondizi, en 1961, firmó un tratado con la Santa Sede renunciando a la atribución del gobierno argentino de proponer los candidatos a ocupar las vacantes episcopales.

Los aportes del Estado

Para los constituyentes de 1853 la cuestión económica religiosa fue un tema trascendente: en el articuló 2do. de la Constitución Nacional dejaron establecido que "El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Algunas cartas provinciales reprodujeron esa decisión, incluso en años recientes. En San Luis, el 8 de marzo de 1987, la convención constituyente incorporó el sostenimiento del culto, con los 32 votos del peronismo y la oposición de los 21 representantes de la UCR. Un año más tarde, Catamarca imitó esa actitud. Distinto criterio primó en la asamblea constituyente de Jujuy: por el voto de los convencionales radicales y de tres justicialistas, que votaron en disidencia con su propio bloque, el culto fue excluido del sostenimiento estatal.

En la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal, realizada en noviembre de 1986, se lanzó la sugerencia de renunciar a los montos que el Estado entrega a los obispos, pero no hubo consenso para su consideración. La propuesta fue presentada por el obispo de Posadas, Carmelo Giaquinta, y apoyada por otros purpurados, que la consideraron "un testimonio de humildad y pobreza". La contribución oficial al sostenimiento de la Iglesia Católica se ha mantenido, en los últimos años, entre el 0,04% y el 0,09% del presupuesto nacional; en 1988 representaba aproximadamente 4,2 millones de dólares.

Pero son los fondos que reciben del Estado en concepto de subsidio para sus establecimientos educativos, los que concentran el interés de los obispos. La participación de la Iglesia Católica en la enseñanza surgió como una decisión política elaborada a partir de un análisis de la situación del país a fines del siglo XIX. Desde Roma se incentivó el establecimiento en Argentina de congregaciones religiosas dedicadas a la educación. El propósito era formar una élite católica capacitada para enfrentar a la élite liberal.

En la actualidad, la contribución del Estado a los colegios y universidades católicos representa el mayor ingreso que recibe la Iglesia argentina de fuente oficial. Si bien las partidas no están centralizadas y no puede establecerse el monto preciso, un cómputo de diversas fuentes proporciona estas cifras: para establecimientos primarios y preprimarios, 19,9 millones de dólares; para secundarios y terciarios, 82,3 millones y para las universidades, 11,4 millones. Esto significa un total superior a los 113 millones de dólares, que procede exclusivamente del presupuesto nacional; o sea, sin considerar las asignaciones provinciales y municipales.

Recursos locales e internacionales

Las colectas en los templos constituyen uno de los ingresos tradicionales de la Iglesia Católica, aunque su monto no es significativo. El "diezmo bíblico" no se exige a los fieles, como sucede en algunas iglesias protestantes y sectas electrónicas. Cada obispo confecciona un calendario de colectas, con el fin de determinar qué destino tendrán las recaudaciones que se obtengan en las iglesias de su diócesis los 52 domingos del año. Las ofrendas de un domingo de cada mes, son dedicadas al sostenimiento del Obispado. Las de uno de los domingos de octubre, al mantenimiento de los seminarios diocesanos. Otro domingo del año, simultáneamente con diferentes países, se realiza la colecta para las misiones. En 1987, en Argentina se recaudaron 75.000 dólares para las obras misioneras'; al país le correspondieron 100.000 dólares cuando se operó la redistribución mundial de las contribuciones. La colecta "Más por Menos", destinada a las diócesis más necesitadas, recaudó 370.000 dólares, en 1989. El domingo más cercano al 29 de junio, día de San Pedro, la recaudación de todas las iglesias del mundo es destinada al Vaticano. Un aporte internacional para la Santa Sede, que varía entre 23 y 30 millones de dólares. 

Otro recurso de las parroquias es el cobro de los servicios religiosos, una costumbre que ha motivado permanentes debates y críticas. Las misas, bautismos y casamientos aparecen tarifados con precios más que dispares, relacionados generalmente con el supuesto status de cada iglesia. Casarse en un templo de barrio puede significar una modesta o nula erogación; en cambio, en San Nicolás de Barí o en la aristocrática Parroquia del Socorro (Juncal y Suipacha), implica unos 100 dólares, más las flores. En la intimidad, algunos sacerdotes reconocen que el ser designado párroco de una i-glesia con prestigio social e importantes recaudaciones se considera un ascenso en la carrera eclesiástica y un escalón hacia el obispado.

Los aportes de la clase adinerada han sido fundamentales para el funcionamiento y desarrollo del culto católico. Desde hace algunas décadas, los grandes empresarios de la industria, de ascendencia mayoritariamente italiana, han superado por la magnitud de las donaciones, a la aristocracia vernácula, terrateniente e hispánica. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa funciona como un eficaz organismo de recaudación. 

 En los últimos años, distintas fundaciones católicas extranjeras se han constituido en sostén de múltiples programas de instituciones integrantes o vinculadas a la Iglesia argentina. La mayor ayuda proviene de Alemania, a través de Adveniat (con sede central en Essen), Kirche in Not (Koningstein), Misereor (Aachen) y Missio (Munich). También llegan fondos de Italia: Caritas Internacionalis; de Suiza: Fastenopper Der Schweizer Katholiken, y de Estados Unidos: Secretariat for Latín America.

Impuesto para el culto

En setiembre de 1986 los integrantes de la Comisión Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunieron con algunos miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia y les transmitieron la iniciativa de establecer un "impuesto para el culto" y suprimir el actual aporte estatal a la Iglesia.

La propuesta de un gravamen destinado a sostener la religión reconoce antecedentes internacionales. La Iglesia Católica alemana, en cuanto a recursos financieros probablemente la más rica del mundo, recibe por año aproximadamente 5.900 millones de marcos (unos 3.300 millones de dólares) por las contribuciones de 27,5 millones de católicos que pagan el impuesto para el culto, legislado en Alemania. El aporte destinado a las religiones consiste en el 10% de las declaraciones impositivas de particulares y empresas. Por el servicio de recaudación, la Iglesia Católica reconoce al Ministerio de Hacienda alemán alrededor de 100 millones de dólares.

Como consecuencia de los acuerdos firmados en 1979 entre el Vaticano y España, en setiembre de 1987 el gobierno socialista español dispuso un "impuesto religioso facultativo" mediante el cual los contribuyentes pueden destinar el 0,5% del importe de su impuesto sobre la renta al mantenimiento de la Iglesia. Se estima que los ingresos eclesiásticos aumentaron mediante este sistema en casi 100 millones de dólares.

Cuando cabía esperar alguna diferencia por motivos económicos entre la Iglesia y los funcionarios de la pasada administración radica}, el conflicto se produjo con el gobernador justicialista Antonio Cafiero. El 9 de abril de 1988, 300 familias provenientes de zonas inundadas por el río Reconquista ocuparon 40 hectáreas pertenecientes al Arzobispado de Buenos Aires, en los partidos de General Sarmiento y Moreno. La intrusión provocó un notorio malestar en la curia metropolitana, que se tradujo en una inmediata denuncia penal por usurpación ante un juzgado de San Martín. En círculos eclesiásticos se masculló que el gobierno peronista bonaerense favorecía los asentamientos ilegales. El episodio se cerró con la compra de las tierras por la provincia, después de agotadoras negociaciones con el vicario general de la diócesis, obispo Arnaldo Gánale, y sus asesores laicos, que sólo hablaban "en dólares y calculadora en mano".

En lo que se interpretó como una respuesta a esa actitud poco cristiana de la jerarquía, aproximadamente treinta sacerdotes de la arquidiócesis decidieron vender objetos y bienes personales, incluso vasos sagrados recibidos en ocasión de su ordenación sacerdotal. La finalidad fue entregar el 1 de Mayo, día de San José Obrero, el monto de esas ventas al movimiento villero. Los curas hicieron propia una revolucionaria sugerencia que Juan Pablo II había incluido en su encíclica Solicitudo Reí Socialis de febrero de 1988: "Ante casos de necesidad no se puede dar preferencia a superfluos ornamentos eclesiásticos y costosos muebles para la adoración divina. Por el contrario, podría ser obligatorio vender esos elementos para proveer alimento, bebida, ropa y vivienda a quienes carecen de ellos".

Contrastando con la postura del Arzobispado de Buenos Aires, la Iglesia Católica brasileña colocó sus tierras a disposición de la comisión gubernamental para la reforma agraria. Según datos de 1988, las diócesis y órdenes religiosas eran propietarias de 179.299 hectáreas, un 0,38% del área total de los latifundios existentes en el Brasil.

Las picardías de Picchi

Los escándalos públicos provocan espanto a las autoridades eclesiásticas. Especialmente los que involucran al sexo y los económicos. Pueden presumirse los debates internos que habrán precedido a la destitución del obispo de Venado Tuerto, Mario Picchi. El hecho se conoció públicamente el 3 de noviembre de 1988, cuando los entuertos del purpurado habían alcanzado una magnitud inocultable. Picchi estaba involucrado en el caso Manubens Calvet, en defraudaciones con una mesa de dinero y en las liquidaciones del Banco Sidesa y la financiera Garfiña.

Junto con José Luis Cora, hombre de frondoso prontuario y titular del Partido Unión Popular, el obispo respaldó las pretensiones de una supuesta heredera del multimillonario Juan Feliciano Manubens Calvet. La muerte del hacendado, el 5 de marzo de 1981, desató una feroz disputa por su herencia de 150 millones de dólares, entre 33 primos, sobrinos y nietos, y su concubina Margarita Woodhouse. Apenas un mes más tarde apareció una mujer paraguaya, de 29 años, que declaró llamarse Dolores Manubens Calvet, afirmó ser hija natural del millonario y reclamó la fabulosa herencia. Por intermedio de José Luis Cora, la paraguaya recibió el activo apoyo del obispo Picchi. La pretensión hereditaria pasó a la órbita policial, cuando un juez dispuso el procesamiento de la mujer por intento de estafa, al descubrir que su nombre real era Juana Carmen González Cibila de Carrera.

Con la representación del Obispado de Venado Tuerto, el hermano del obispo, Luis Pedro Picchi, y su socio, José Enrique Cardozo, establecieron en Buenos Aires una mesa de dinero que comenzó a operar en el mercado interempresario a mediados de 1984. Como garantía de los depósitos de los inversores se entregaban cheques de la cuenta Nro. 2141/0 "Obispado de Venado Tuerto" del Banco Financiero Argentino. La financiera fue desactivada en julio de 1985, dejando un tendal de víctimas por cientos de miles de dólares. Quienes iniciaron demandas contra el Obispado se encontraron con una desalentadora limitación: los bienes eclesiásticos destinados al culto son inembargables.

En marzo de 1987 se produjo un caso de características similares, que envolvió a la Iglesia colombiana. Se declaró en quiebra la financiera Caja Vocacional, dependiente de la Conferencia Episcopal y dirigida por monseñor Abraham Gitan Mahecha. Los bienes de la Caja no alcanzaron para devolver el 50% de los ahorros a los depositantes.

El 16 de febrero de 1989, un juez federal de Córdoba, Gustavo Becerra Ferrer, prohibió la salida del país de Mario Picchi, procesado por fraude en la causa vinculada con la herencia Manubens Calvet. Pocos meses después, en julio, el papa Juan Pablo II nombró como nuevo obispo de Venado Tuerto a monseñor Paulino Reale y concedió a Picchi el título honorífico de obispo de Tunicia y Numidia, un lugar ya inexistente del norte de África.

Muchas veces, las maniobras económicas ilícitas que involucran a miembros de la Iglesia son favorecidas por esa condición. La exención de impuestos que gozan las entidades católicas en Argentina ha facilitado los comportamientos irregulares. En la city se comenta que en la agenda de los principales asesores impositivos figuran entidades religiosas que, a cambio de un pequeño porcentaje del impuesto evadido, aceptan firmar recibos por donaciones empresarias simuladas. En el marco del operativo Tierra del Fuego de 1988; la DGI investigó al sacerdote salesiano Juan Corti que dirigía algunas entidades católicas dependientes del obispado de Comodoro Rivadavia, y que apareció vinculado a los fraudes con el régimen de promoción, mediante la utilización de esas instituciones religiosas para extender facturas por ventas inexistentes. El juez federal Martín Suárez Araujo procesó a Corti y a su colaborador Nadim Jalef Flores por defraudación al fisco y falsedad de documentos públicos y privados. El magistrado aceptó varios terrenos de propiedad del obispado de Comodoro Rivadavia como caución real para conceder la eximición de prisión al sacerdote.

Pero estas travesuras de algunos miembros de la Iglesia representan sólo anécdotas en el juego de los grandes intereses económicos que preocupan a los cardenales y obispos argentinos. Sus expectativas, en el futuro inmediato, se concentran en los aportes estatales para los establecimientos privados de educación y en el proyecto de impuesto para el culto.

Extraido de: "La Cara Oculta de la Iglesia" de Héctor Ruiz Núñez