Si los bienes de la Iglesia Católica
argentina figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio
privado del país. Y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos,
la Conferencia Episcopal encabezaría la lista de contribuyentes. La
estimación es válida, a pesar de que los numerosos organismos y
entidades católicos conforman una intrincada red de propietarios que
dificulta una valuación precisa.
En Argentina actúan 5.307 sacerdotes y
10.964 religiosas distribuidos en 5.493 parroquias, iglesias, capillas y
santuarios, según informa la Guía Eclesiástica de AICA, edición vigente
en marzo de 1990. Esos hombres y mujeres son los que se encargan de
administrar los recursos de la Iglesia, de cuidar sus obras de arte y de
mantener miles de inmuebles diseminados por todo el país.
Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica cada
obispado constituye una unidad autónoma y autárquica. Como verdaderos
señores del medioevo, los obispos titulares de las 44 diócesis
argentinas gozan de una amplia independencia, incluso respecto a la
Santa Sede. También el Papa es uno de ellos, obispo de Roma, aunque
"primus ínter pares" en cuestiones de doctrina. Los 44 obispos son los
administradores de los bienes eclesiásticos de sus respectivas diócesis.
Algunas muy ricas, como las de Buenos Aires y Córdoba.
El capital de las órdenes religiosas, que se ha multiplicado desde
la época de la colonia, está excluido de esa autoridad episcopal.
Actualmente, cu Argentina desarrollan actividades 187 congregaciones
religiosas, 59 de varones y 120 de mujeres. El poderío económico de
algunas de ellas, como la salesiana, supera al de muchas diócesis. En
todos los casos, el mayor ingreso deriva de la enseñanza.
Aunque no aparece formalmente como
congregación religiosa, sino como Prelatura, el Opus Dei es la
organización católica que más ha crecido en el país en los últimos
veinte años. Dirigido al sector socioeconómico más elevado, el discurso
de "la obra" conquistó simultáneamente adhesiones y donaciones. Más de
cincuenta propiedades, muchas de ellas suntuosas, reflejan el éxito, no
exclusivamente religioso, de la propuesta.
Desde la promulgación de la ley Domingorena, en 1958, la Iglesia
Católica ha establecido nueve universidades. Dos en la Capital
(Universidad Católica Argentina y Universidad del Salvador), y en
Córdoba, San Juan, La Plata, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán. La paulatina apertura de nuevas facultades significó un
correlativo crecimiento de edificios propios.
Pero si los inmuebles universitarios fueron
adquiridos con el producto de la actividad educativa, otras propiedades
eclesiásticas tienen origen en donaciones efectuadas por los gobiernos
de las últimas décadas. La actual sede de la Conferencia Episcopal, en
Suipacha 1032, fue cedida por la llamada Revolución Libertadora al
Arzobispado de Buenos Aires para que estableciera la administración de
la curia metropolitana. El edificio de la calle Rivadavia había sido
incendiado durante el conflicto entre Perón y la Iglesia. Cuando hace
algunos años la curia se reinstaló en el antiguo predio, convertido en
moderno complejo de oficinas, la mansión de Suipacha 1032 no fue
devuelta al Estado.
Riqueza y expropiación
La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen su
génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona
española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los
conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en
cambio, el crecimiento de la fortuna eclesiástica derivó de donaciones y
herencias. Hacia 1780, la Iglesia Católica era propietaria del 65% de
las tierras de los virreinatos del Perú y Río de la Plata.
Esos bienes provocaron pocas objeciones en una sociedad de sólidas
costumbres religiosas. "Para Dios todo es poco", se consolidó como un
argumento inapelable. Esta concepción perduró en el tiempo,
especialmente dentro del propio clero. En la Pastoral Colectiva del
Episcopado, de 1902, el arzobispo de Buenos Aires afirmaba: "En las
sociedades bien ordenadas, el lujo es un signo natural de jerarquía
social. Contenido en sus razonables límites completa el orden en vez
destruirlo. La Iglesia le da una consagración religiosa, haciendo de sus
templos espléndidos y de sus radiantes santuarios un reflejo de la
belleza de los cielos".
Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de Martín
Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y
reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió
numerosos inmuebles de la Iglesia "no necesarios para el culto”. Los
sucesivos decretos no se limitaron sólo a los bienes, también
reglamentaron distintos aspectos de la actividad religiosa, dentro de un
proyecto conocido como Reforma Eclesiástica. La iniciativa de Rivadavia
conquistó partidarios dentro del propio clero, pero también una airada
reacción de los obispos que derivó en la ruptura de relaciones con la
Santa Sede.
La actitud del episcopado de la época no debe
sorprender, si se tiene en cuenta la magnitud de los bienes que habían
sido confiscados. En el perímetro de la ciudad de Buenos Aires, la
decisión de Rivadavia alcanzó, entre otros, a los terrenos circundantes
de las actuales Carlos Pellegrini y Corrientes, incluyendo el sitio en
donde está emplazado el obelisco; a la manzana de la plaza Roberto Arlt,
Esmeralda entre Rivadavia y. Mitre; a la manzana de la basílica de San
Francisco, Alsina y Balcarce; a la manzana de la basílica de Santo
Domingo, Belgrano y Defensa; a la manzana del Colegio Nacional Buenos
Aires, Bolívar y Moreno. En la provincia de Buenos Aires fueron
expropiadas las tierras que hoy conforman los partidos de Lujan, Merlo,
Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de
Febrero. El constitucionalista Pedro Frías sostenía, todavía en 1986,
que el financiamiento del culto constituía "una compensación por el
patrimonio inmobiliario confiscado a la Iglesia por Rivadavia en 1822"
(La Nación, 8 de octubre).
El otro gran argumento histórico que se
esgrime para defender la contribución estatal a la religión católica
está próximo a cumplir cinco siglos. El Patronato fue una institución
jurídico-eclesiástica, otorgada por los papas a los Reyes Católicos de
España y heredada por sus sucesores. El pontífice confió a los monarcas
españoles la fundación de diócesis, el nombramiento de obispos y el
cobro de diezmos en el territorio de las Indias, a cambio de
cristianizar y civilizar a los indígenas. El privilegio fue formalizado a
través de distintas bulas: ínter Caetera, de 1493, y Eximia Devotionis,
de 1501, de Alejandro VI, y Universalis Eclesiae, de 1508, de Julio II.
Como contrapartida, el rey debía sustentar al clero y facilitar los
viajes de los misioneros. Los privilegios del Patrono fueron
transferidos a los gobiernos argentinos y también la obligación de
sostener a los miembros de la Iglesia. La institución fue decayendo,
hasta que Arturo Frondizi, en 1961, firmó un tratado con la Santa Sede
renunciando a la atribución del gobierno argentino de proponer los
candidatos a ocupar las vacantes episcopales.
Los aportes del Estado
Para los constituyentes de 1853 la cuestión económica religiosa fue
un tema trascendente: en el articuló 2do. de la Constitución Nacional
dejaron establecido que "El gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano”. Algunas cartas provinciales reprodujeron esa
decisión, incluso en años recientes. En San Luis, el 8 de marzo de 1987,
la convención constituyente incorporó el sostenimiento del culto, con
los 32 votos del peronismo y la oposición de los 21 representantes de la
UCR. Un año más tarde, Catamarca imitó esa actitud. Distinto criterio
primó en la asamblea constituyente de Jujuy: por el voto de los
convencionales radicales y de tres justicialistas, que votaron en
disidencia con su propio bloque, el culto fue excluido del sostenimiento
estatal.
En la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal, realizada en
noviembre de 1986, se lanzó la sugerencia de renunciar a los montos que
el Estado entrega a los obispos, pero no hubo consenso para su
consideración. La propuesta fue presentada por el obispo de Posadas,
Carmelo Giaquinta, y apoyada por otros purpurados, que la consideraron
"un testimonio de humildad y pobreza". La contribución oficial al
sostenimiento de la Iglesia Católica se ha mantenido, en los últimos
años, entre el 0,04% y el 0,09% del presupuesto nacional; en 1988
representaba aproximadamente 4,2 millones de dólares.
Pero son los fondos que reciben del Estado en concepto de subsidio
para sus establecimientos educativos, los que concentran el interés de
los obispos. La participación de la Iglesia Católica en la enseñanza
surgió como una decisión política elaborada a partir de un análisis de
la situación del país a fines del siglo XIX. Desde Roma se incentivó el
establecimiento en Argentina de congregaciones religiosas dedicadas a la
educación. El propósito era formar una élite católica capacitada para
enfrentar a la élite liberal.
En la actualidad, la contribución del Estado a los colegios y
universidades católicos representa el mayor ingreso que recibe la
Iglesia argentina de fuente oficial. Si bien las partidas no están
centralizadas y no puede establecerse el monto preciso, un cómputo de
diversas fuentes proporciona estas cifras: para establecimientos
primarios y preprimarios, 19,9 millones de dólares; para secundarios y
terciarios, 82,3 millones y para las universidades, 11,4 millones. Esto
significa un total superior a los 113 millones de dólares, que procede
exclusivamente del presupuesto nacional; o sea, sin considerar las
asignaciones provinciales y municipales.
Recursos locales e internacionales
Las colectas en los templos constituyen uno de los ingresos
tradicionales de la Iglesia Católica, aunque su monto no es
significativo. El "diezmo bíblico" no se exige a los fieles, como sucede
en algunas iglesias protestantes y sectas electrónicas. Cada obispo
confecciona un calendario de colectas, con el fin de determinar qué
destino tendrán las recaudaciones que se obtengan en las iglesias de su
diócesis los 52 domingos del año. Las ofrendas de un domingo de cada
mes, son dedicadas al sostenimiento del Obispado. Las de uno de los
domingos de octubre, al mantenimiento de los seminarios diocesanos. Otro
domingo del año, simultáneamente con diferentes países, se realiza la
colecta para las misiones. En 1987, en Argentina se recaudaron 75.000
dólares para las obras misioneras'; al país le correspondieron 100.000
dólares cuando se operó la redistribución mundial de las contribuciones.
La colecta "Más por Menos", destinada a las diócesis más necesitadas,
recaudó 370.000 dólares, en 1989. El domingo más cercano al 29 de junio,
día de San Pedro, la recaudación de todas las iglesias del mundo es
destinada al Vaticano. Un aporte internacional para la Santa Sede, que
varía entre 23 y 30 millones de dólares.
Otro recurso de las parroquias es el cobro de
los servicios religiosos, una costumbre que ha motivado permanentes
debates y críticas. Las misas, bautismos y casamientos aparecen
tarifados con precios más que dispares, relacionados generalmente con el
supuesto status de cada iglesia. Casarse en un templo de barrio puede
significar una modesta o nula erogación; en cambio, en San Nicolás de
Barí o en la aristocrática Parroquia del Socorro (Juncal y Suipacha),
implica unos 100 dólares, más las flores. En la intimidad, algunos
sacerdotes reconocen que el ser designado párroco de una i-glesia con
prestigio social e importantes recaudaciones se considera un ascenso en
la carrera eclesiástica y un escalón hacia el obispado.
Los aportes de la clase adinerada han sido fundamentales para el
funcionamiento y desarrollo del culto católico. Desde hace algunas
décadas, los grandes empresarios de la industria, de ascendencia
mayoritariamente italiana, han superado por la magnitud de las
donaciones, a la aristocracia vernácula, terrateniente e hispánica. La
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa funciona como un eficaz
organismo de recaudación.
En los últimos años, distintas fundaciones
católicas extranjeras se han constituido en sostén de múltiples
programas de instituciones integrantes o vinculadas a la Iglesia
argentina. La mayor ayuda proviene de Alemania, a través de Adveniat
(con sede central en Essen), Kirche in Not (Koningstein), Misereor
(Aachen) y Missio (Munich). También llegan fondos de Italia: Caritas
Internacionalis; de Suiza: Fastenopper Der Schweizer Katholiken, y de
Estados Unidos: Secretariat for Latín America.
Impuesto para el culto
En setiembre de 1986 los integrantes de la Comisión Justicia y Paz,
dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunieron con
algunos miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia y
les transmitieron la iniciativa de establecer un "impuesto para el
culto" y suprimir el actual aporte estatal a la Iglesia.
La propuesta de un gravamen destinado a sostener la religión
reconoce antecedentes internacionales. La Iglesia Católica alemana, en
cuanto a recursos financieros probablemente la más rica del mundo,
recibe por año aproximadamente 5.900 millones de marcos (unos 3.300
millones de dólares) por las contribuciones de 27,5 millones de
católicos que pagan el impuesto para el culto, legislado en Alemania. El
aporte destinado a las religiones consiste en el 10% de las
declaraciones impositivas de particulares y empresas. Por el servicio de
recaudación, la Iglesia Católica reconoce al Ministerio de Hacienda
alemán alrededor de 100 millones de dólares.
Como consecuencia de los acuerdos firmados en 1979 entre el Vaticano
y España, en setiembre de 1987 el gobierno socialista español dispuso
un "impuesto religioso facultativo" mediante el cual los contribuyentes
pueden destinar el 0,5% del importe de su impuesto sobre la renta al
mantenimiento de la Iglesia. Se estima que los ingresos eclesiásticos
aumentaron mediante este sistema en casi 100 millones de dólares.
Cuando cabía esperar alguna diferencia por motivos económicos entre
la Iglesia y los funcionarios de la pasada administración radica}, el
conflicto se produjo con el gobernador justicialista Antonio Cafiero. El
9 de abril de 1988, 300 familias provenientes de zonas inundadas por el
río Reconquista ocuparon 40 hectáreas pertenecientes al Arzobispado de
Buenos Aires, en los partidos de General Sarmiento y Moreno. La
intrusión provocó un notorio malestar en la curia metropolitana, que se
tradujo en una inmediata denuncia penal por usurpación ante un juzgado
de San Martín. En círculos eclesiásticos se masculló que el gobierno
peronista bonaerense favorecía los asentamientos ilegales. El episodio
se cerró con la compra de las tierras por la provincia, después de
agotadoras negociaciones con el vicario general de la diócesis, obispo
Arnaldo Gánale, y sus asesores laicos, que sólo hablaban "en dólares y
calculadora en mano".
En lo que se interpretó como una respuesta a esa actitud poco
cristiana de la jerarquía, aproximadamente treinta sacerdotes de la
arquidiócesis decidieron vender objetos y bienes personales, incluso
vasos sagrados recibidos en ocasión de su ordenación sacerdotal. La
finalidad fue entregar el 1 de Mayo, día de San José Obrero, el monto de
esas ventas al movimiento villero. Los curas hicieron propia una
revolucionaria sugerencia que Juan Pablo II había incluido en su
encíclica Solicitudo Reí Socialis de febrero de 1988: "Ante casos de
necesidad no se puede dar preferencia a superfluos ornamentos
eclesiásticos y costosos muebles para la adoración divina. Por el
contrario, podría ser obligatorio vender esos elementos para proveer
alimento, bebida, ropa y vivienda a quienes carecen de ellos".
Contrastando con la postura del Arzobispado de Buenos Aires, la
Iglesia Católica brasileña colocó sus tierras a disposición de la
comisión gubernamental para la reforma agraria. Según datos de 1988, las
diócesis y órdenes religiosas eran propietarias de 179.299 hectáreas,
un 0,38% del área total de los latifundios existentes en el Brasil.
Las picardías de Picchi
Los escándalos públicos provocan espanto a las autoridades
eclesiásticas. Especialmente los que involucran al sexo y los
económicos. Pueden presumirse los debates internos que habrán precedido a
la destitución del obispo de Venado Tuerto, Mario Picchi. El hecho se
conoció públicamente el 3 de noviembre de 1988, cuando los entuertos del
purpurado habían alcanzado una magnitud inocultable. Picchi estaba
involucrado en el caso Manubens Calvet, en defraudaciones con una mesa
de dinero y en las liquidaciones del Banco Sidesa y la financiera
Garfiña.
Junto con José Luis Cora, hombre de frondoso prontuario y titular
del Partido Unión Popular, el obispo respaldó las pretensiones de una
supuesta heredera del multimillonario Juan Feliciano Manubens Calvet. La
muerte del hacendado, el 5 de marzo de 1981, desató una feroz disputa
por su herencia de 150 millones de dólares, entre 33 primos, sobrinos y
nietos, y su concubina Margarita Woodhouse. Apenas un mes más tarde
apareció una mujer paraguaya, de 29 años, que declaró llamarse Dolores
Manubens Calvet, afirmó ser hija natural del millonario y reclamó la
fabulosa herencia. Por intermedio de José Luis Cora, la paraguaya
recibió el activo apoyo del obispo Picchi. La pretensión hereditaria
pasó a la órbita policial, cuando un juez dispuso el procesamiento de la
mujer por intento de estafa, al descubrir que su nombre real era Juana
Carmen González Cibila de Carrera.
Con la representación del Obispado de Venado Tuerto, el hermano del
obispo, Luis Pedro Picchi, y su socio, José Enrique Cardozo,
establecieron en Buenos Aires una mesa de dinero que comenzó a operar en
el mercado interempresario a mediados de 1984. Como garantía de los
depósitos de los inversores se entregaban cheques de la cuenta Nro.
2141/0 "Obispado de Venado Tuerto" del Banco Financiero Argentino. La
financiera fue desactivada en julio de 1985, dejando un tendal de
víctimas por cientos de miles de dólares. Quienes iniciaron demandas
contra el Obispado se encontraron con una desalentadora limitación: los
bienes eclesiásticos destinados al culto son inembargables.
En marzo de 1987 se produjo un caso de características similares,
que envolvió a la Iglesia colombiana. Se declaró en quiebra la
financiera Caja Vocacional, dependiente de la Conferencia Episcopal y
dirigida por monseñor Abraham Gitan Mahecha. Los bienes de la Caja no
alcanzaron para devolver el 50% de los ahorros a los depositantes.
El 16 de febrero de 1989, un juez federal de Córdoba, Gustavo
Becerra Ferrer, prohibió la salida del país de Mario Picchi, procesado
por fraude en la causa vinculada con la herencia Manubens Calvet. Pocos
meses después, en julio, el papa Juan Pablo II nombró como nuevo obispo
de Venado Tuerto a monseñor Paulino Reale y concedió a Picchi el título
honorífico de obispo de Tunicia y Numidia, un lugar ya inexistente del
norte de África.
Muchas veces, las maniobras económicas ilícitas que involucran a
miembros de la Iglesia son favorecidas por esa condición. La exención de
impuestos que gozan las entidades católicas en Argentina ha facilitado
los comportamientos irregulares. En la city se comenta que en la agenda
de los principales asesores impositivos figuran entidades religiosas
que, a cambio de un pequeño porcentaje del impuesto evadido, aceptan
firmar recibos por donaciones empresarias simuladas. En el marco del
operativo Tierra del Fuego de 1988; la DGI investigó al sacerdote
salesiano Juan Corti que dirigía algunas entidades católicas
dependientes del obispado de Comodoro Rivadavia, y que apareció
vinculado a los fraudes con el régimen de promoción, mediante la
utilización de esas instituciones religiosas para extender facturas por
ventas inexistentes. El juez federal Martín Suárez Araujo procesó a
Corti y a su colaborador Nadim Jalef Flores por defraudación al fisco y
falsedad de documentos públicos y privados. El magistrado aceptó varios
terrenos de propiedad del obispado de Comodoro Rivadavia como caución
real para conceder la eximición de prisión al sacerdote.
Pero estas travesuras de algunos miembros de la Iglesia representan
sólo anécdotas en el juego de los grandes intereses económicos que
preocupan a los cardenales y obispos argentinos. Sus expectativas, en el
futuro inmediato, se concentran en los aportes estatales para los
establecimientos privados de educación y en el proyecto de impuesto para
el culto.
Extraido de: "La Cara Oculta de la Iglesia" de Héctor Ruiz Núñez
